Un altísimo porcentaje de las demandas de incapacitación solicitan que se declare la incapacidad plena de la persona y, en casi todos los casos, así se acuerda.
No es verdad que todas estas personas sean plenamente incapaces, muchas de ellas tan solo tienen algunas carencias. De este modo, las sentencias no declaran la realidad.
El asunto es grave porque se trata, ni más ni menos, que de privar a la persona de la capacidad de decidir.
Emocionalmente, la sentencia contiene un mensaje demoledor; “eres incapaz para todo”, “lo dice un Juez”.
En buena parte esta aberración se explica por la vigencia de un procedimiento judicial de incapacitación que hace tiempo que debería haberse adaptada a las exigencias de la Convención de la ONU de 2006 sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.
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