Al abordar este tema tenemos que partir de una dolorosa constatación: En torno al 95% de las demandas de incapacitación terminan con una sentencia de incapacitación plena, para todo y para siempre.
A pesar de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, podemos llegar a la demoledora conclusión (sálvese el que pueda) de que seguimos haciendo las cosas como hace cien años.
La verdad es que hoy nadie está conforme con el procedimiento de incapacitación y existen varias líneas de reforma, algunas tan radicales como las que solicitan la “desjudicialización” desplazando la declaración de incapacidad a otros ámbitos (administrativo, notarial)
La pregunta es:
¿Qué es lo que está fallando? ¿Por qué no estamos a gusto con el procedimiento?