El comunicado pretende llamar la atención sobre los aspectos relativos a las personas con discapacidad más necesitados de actuación por parte de los poderes públicos. En este sentido se hace referencia especial a la falta de plazas para personas “psicodeficientes”, al elevado número de personas con discapacidad que son detenidas y conducidas al Juzgado de Guardia, debido a incidentes sociosanitarios que hubiesen requerido una intervención en este ámbito y no en el judicial lo que, a la postre, está produciendo un doloroso e injustificado aumento de presos con discapacidad cumpliendo penas en centros penitenciarios ordinarios.
En otro orden de cosas, se hace referencia a la necesaria reforma del Código Civil para adaptarlo a los principios y directrices de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad – Nueva York 2006 - , y a la creación y dotación efectiva de la Fiscalía de Sala de Discapacidad y Mayores.
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