Ser mayor es actualmente una situación de riesgo en varios ámbitos, pues las personas mayores son proclives a sufrir abusos, tanto en el plano personal (fenómeno de los abuelos esclavos) como en el patrimonial.
Son normalmente los familiares o allegados los que detectan que “alguien” está vaciando las cuentas de una persona mayor. A veces son personas contratadas para la atención y cuidados domésticos, en otros casos son familiares cercanos.
En ocasiones las cosas se arreglan entre los directamente implicados. Otras veces lo comunican a Fiscalía o directamente ponen la denuncia en el Juzgado.
Hasta la reforma del Código Penal de 2015, las defraudaciones sin violencia o sin intimidación entre familiares cercanos no se consideraban delito, de modo que solo cabía acudir a la vía civil para recuperar, en la medida posible, el dinero apropiado.
La reforma del artículo 268 del Código Penal en el año 2015 permite perseguir estas conductas defraudatorias si ha mediado “abuso de la vulnerabilidad de la víctima, ya sea por razón de edad, o por tratarse de una persona con discapacidad”.
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