El colectivo de las personas con discapacidad ha visto crecer de modo muy notable su estima y sus derechos en los últimos cuarenta años. Buena prueba de ello es que de las escasas reformas que ha tenido nuestro texto constitucional, una de ellas ha sido la referida a este colectivo.
Desde el año 2022 el Artículo 49 de la Constitución ha quedado redactado como sigue:
1. Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio.
2. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.
También desde la promulgación de la Constitución de 1978, el Ministerio Fiscal asumió una nueva función de cercanía y defensa de los derechos de los colectivos vulnerables (menores, mayores, pacientes mentales, personas con discapacidad). Esa “otra manera de ser Fiscal” ha calado en la Institución y se refleja en el día a día de las Fiscalías a través de las distintas Secciones creadas al efecto.
En lo que a la discapacidad psíquica se refiere el Ministerio Fiscal está desempeñando una notable labor en la aplicación de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (Nueva York 2006) y de la Ley 8/2021 de 2 de Junio de apoyo a las Personas con Discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica
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