En el año 1998 la Unión Europea creyó haber encontrado en el ejercicio de “acciones colectivas” un instrumento definitivo para luchar contra este tipo de prácticas (Directiva 98/27 de 19 de Mayo) pero la realidad se encargó de demostrar que esto no iba a ser así.
En este contexto se pusieron los ojos en el Ministerio Fiscal como una de las instituciones que pudieran protagonizar estas iniciativas.
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