Frente a los abusos de las grandes empresas, el consumidor se encuentra en la actualidad en situación de grave desvalimiento.
Desde el año 2002 el Ministerio Fiscal tiene atribuidas competencias en este ámbito pero una defensa eficaz precisa de reformas legales. Un conjunto de ellas aparecen publicadas en la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2009.
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