1.- La presencia de personas con discapacidad o trastorno mental grave
cumpliendo condenas en Centros Penitenciarios Ordinarios debe considerarse como
una grave anomalía.
2.- La negativa de algunas Administraciones a realizar en los Centros
Penitenciarios las evaluaciones precisas a los internos con discapacidad o
trastorno mental grave al objeto de obtener el reconocimiento previsto en la
Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
situación de Dependencia supone una discriminación injustificada y entraña un
perjuicio extraordinario precisamente para las personas más vulnerables y que
deberían ser objeto de mayor protección por parte de los poderes públicos.
3.- La Agencia de Servicios
Sociales y Dependencia de la Junta de Andalucía ha elaborado un “Protocolo”
para evitar esta grave situación. Protocolo que ya se está aplicando.
LEER MÁS: DOCUMENTO COMPLETO
No hay comentarios:
Publicar un comentario